Eventos

Noticia

Por febrero 14, 2013 Aun no hay comentarios

Julio de 2016

Líos por explotación ilegal de las salinas marítimas en La Guajira. Denuncias de Ismael Arciniegas Gómez

Mientras La Guajira se muere de hambre y sed, la minería ilegal ha ocasionado estragos. Las denuncias que interpusieron las sociedades Salinas Marítimas de Manaure Limitada (SAMA) y Big Group Salinas Colombia S.A.S. van mucho más allá de la explotación y comercialización ilegal de sal que estarían realizando más de 20 molinos en el municipio de Manaure (La Guajira). Se habla de una extorsión, de bloqueo de vías para presionar la contratación de cooperativas de transportadores, de falsos documentos de la Agencia Nacional de Minería y del conflicto de interés de un alcalde que tendría a un hermano que, al parecer, estaría detrás de paros y bloqueos ilegales.

A SAMA, empresa que explota sales que producen las salinas marítimas del municipio de Manaure, le otorgaron el 29 de julio de 2008 casi 6.000 hectáreas para la explotación de minerales. Los principales accionistas de SAMA son la Alcaldía de Manaure, la Asociación Indígena de la Guajira Wayuu, la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Wayuu Sumain Ichi y la Asociación de Charqueros Explotadores de Sal de Manaure La Guajira. Todos beneficiarios de las regalías que deje la explotación minera en la región.

Luego de que le otorgaran la concesión minera de 6.000 hectáreas en 2008, SAMA suscribió un contrato de operación con Big Group Salinas, la sociedad que se encargaría de desarrollar las actividades de explotación, refinería, procesamiento, transformación, comercialización, distribución y venta de sales. Todo se legalizó ante la Agencia Nacional de Minería para tener los trámites legales y autorizados, y el 11 de diciembre de 2014 Big Group Salinas comenzó sus labores.

Pero desde ese día comenzaron los problemas. Las dos sociedades denunciantes registraron con investigadores privados que un grupo de personas estaba extrayendo los minerales ilegalmente y vendiendo productos (sal, salmuera y otros) –que se obtienen por un proceso de evaporación de aguas marinas– sin autorización de las autoridades correspondientes. Aseguraron, con un informe de un ambientalista, que estas personas han socavado la línea costera para construir charcas ilegales que han llenado con aguas de lagunas cercanas, provocando que se incremente el nivel de salinidad, lo que ocasiona pérdida de cobertura vegetal y disminución de la fauna.

“No se limitaron únicamente a la extracción del mineral producto del residuo de la evaporación del agua marina. Por el contrario, se encontró una compleja empresa criminal cuyas actividades abarcaron labores de extracción ilegal (apoderamiento) de recursos naturales residuales – especialmente salmuera –, transporte de mercancía y procesamiento para la obtención ilícita de productos derivados de la sal”, se lee en una denuncia interpuesta por el abogado Daniel Largacha ante la Fiscalía en representación de SAMA. Según las cifras de Big Group, estaban teniendo pérdidas por más de $10.000 millones. Además, precisaron que esto podría derivar en una evasión de impuestos de más de $2.500 millones.

Los reportes entregados a la Fiscalía tienen fotos de las múltiples mangueras y motobombas instaladas y que habrían generado un gran impacto ambiental al secar algunas zonas de las salinas. Para SAMA y Big Group Salinas, detrás de esta red ilegal está una serie de “molineros”, los encargados de comercializar la salmuera a través de diversos productos que no tendrían los estándares de calidad mínima. Agregaron que con estas acciones están engañando a distintos compradores que no conocen la mala calidad del producto y perjudicando el medio ambiente.

Para frenar el problema, el vicepresidente de Big Group Salinas, Ismael Arciniegas Gómez, envió un oficio en febrero de este año a la Agencia Nacional de Minería para que verificara si veinte molineros de la región, que al parecer estarían vinculados a la red, tenían el Registro único de Comercializadores (Rucom), documento que los certificaría como mineros explotadores autorizados.

La respuesta fue que tan solo dos tenían certificados vigentes, tres estaban en evaluación para expedirlos y quince no tenían. En pocas palabras, tan solo dos estaban operando legalmente. En la denuncia penal por hurto, el abogado Daniel Largacha, que representa los intereses de ambas sociedades, solicitó a la Fiscalía que escuchara en diligencia a sus representantes legales. En otra solicitud, enviada a la Agencia Nacional de Minería en marzo, las sociedades pidieron investigar si existía registro de la Asociación de Molinos Comercializadores de Sal de La Guajira (Acosalde), quienes supuestamente estaban presentando “permisos de movilización de sal” falsos.

Se adjuntó una fotografía con el supuesto documento que resultó ser irregular, pues la autoridad minera indicó que desconocía de un proceso que expidiera tales certificados de movilidad de ese estilo. La agencia Nacional de Minería precisó que en ese documento se lee que el 10 y 11 de marzo de 2016 la Unidad para la Atención de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno había expedido los certificados de transporte de sal. Sin embargo, explicaron que el Ministerio de Gobierno dejó de existir en 1995 y de ahí pasó a ser lo que hoy se conoce como Ministerio del Interior.

Por eso alertaron de una presunta irregularidad pues la Agencia Nacional de Minería aseguró que era la única autorizada para expedir una para el transporte de minerales y no le había otorgado ninguna a Acosalde. Por esa razón, le pidió al Ministerio del Interior que informara si tenía conocimiento del caso. Es más, el pasado 4 de mayo la Policía incautó 1.000 kilos de sal –280 bultos– luego de que un conductor de Acosalde mostrara el documento irregular. La mercancía, según se lee en el falso permiso, había salido de Manaure con destino a Aguachica.

De los líos por el transporte ilegal de sal se desprendieron tres denuncias. En la primera señalan que la red vinculó a una serie de transportadores ilegales que, según los abogados de SAMA, estarían asociados a cooperativas de transporte de gran influencia en la región: Cootrasoma del municipio de Manaure ), Cocotsacogua del Municipio de Maicao (La Guajira), Cootraslupar de Valledupar y otras del municipio de Riohacha.

La segunda denuncia es por extorsión, contra un hombre identificado como Adenais Ibarra. El pasado 11 de abril el vicepresidente de Big Group Salinas le dijo a la Fiscalía que Ibarra estaría detrás de una serie de bloqueos con camiones al frente de las instalaciones de su sociedad en Manaure. Según él, el único fin es presionar a la organización a que los contrate, a pesar de que los camiones no cumplen con los requisitos de ley para transportar sal.

Agregó que Adenais Ibarra lo llamó para decirle que el bloqueo se levantaba si se reunían personalmente para acordar un pago y que se asegurara la contratación de ciertos transportadores. Según SAMA y Big Group Salinas, detrás de los paros realizados entre febrero y abril están las cooperativas de transporte Cocotsacogua y Asotransal, que al parecer son controladas por Adenais Ibarra.

El vicepresidente Ismael Arciniegas Gómez aseguró a la Fiscalía que se ha negado a acudir a la reunión y que pese a las denuncias ante las autoridades locales, la Policía no les ha dado protección. Su argumento: que el alcalde de Manaure, Aldemar Ibarra, es el hermano de Adenais Ibarra. De ahí surgió la tercera denuncia que presentó Big Group. Fue contra el alcalde de Manaure, porque supuestamente ha omitido sus funciones. Para las sociedades que explotan las cuencas salinas, el alcalde Aldemar Ibarra tampoco estaría velando por la protección de los recursos públicos porque supuestamente el municipio, que es accionista de SAMA, se ha visto perjudicado con estas acciones.

El alcalde Aldemar manifestó que no podía responder por terceros. Agregó que su hermano solo es un asociado de Asotransal y que no pertenece a la junta directiva ni es el gerente. Asimismo, señaló que no tiene intereses personales y que, al contrario de lo que dicen las sociedades, ha adelantado reuniones con los gremios, la Fuerza Pública, la Gobernación de La Guajira, diputados, Defensoría del Pueblo y la Personería para encontrar una solución viable para no vulnerar los derechos de ninguna de las partes, especialmente de la comunidad wayuu. “Sí hemos venido trabajando para que sea un proceso transparente y tranquilo, No se pueden generar noticias falsas”, apuntó el alcalde.

Aldemar Ibarra explicó que en un fallo del Consejo de Estado la comunidad Wayuu fue declarada como propietaria de los territorios de explotación de las salinas marítimas, por lo que su objetivo como alcalde es velar por la protección de esos derechos. El alcalde indicó que hay actas de las reuniones done se han concertado para velar para que todos se sientan vinculados al proceso, pues se trata de una actividad que viene dese los ancestros. Es más, advirtió que no hay problemas con minería ilegal y contaminación, pues se trata de una minería a cielo abierto en charcas que son de filtración natural y no hay forma de contaminar.

Ya hay tres denuncias en la Fiscalía. Además, la Agencia Nacional de Minería también compulsó copias a las alcaldías de Manaure, Uribia y Maicao, a la Policía, a la DIAN y a la Fiscalía por las presuntas irregularidades que encontró tras responder los oficios enviados por Big Group Salinas. El abogado Largacha le dijo a este diario que el caso ya está en manos de un fiscal de la Unidad Nacional Espe cializada de Delitos contra el Medio Ambiente.

.

Leave a Reply