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Por enero 15, 2013 Aun no hay comentarios

Enero de 2017

Mientras las miradas en el país durante los últimos días se han enfocadas en las protestas de Buenaventura y Chocó, en otra región la tensión ya supera los 70 días y está a la espera de soluciones.

Se trata de la operación de las Salinas de Manaure, en La Guajira, una de las regiones más complejas por la concurrencia de intereses, culturas y visiones de los diferentes grupos sociales, empresariales, de transporte, sindicales, indígenas y políticos de la región. Con más de 70 días en paro, al cierre de esta edición se convocó a un tribunal de arbitramento para definir el futuro de la operación en materia laboral.

Las Salinas de Manaure son la principal fuente de empleo de la Alta y Media Guajira y de ella dependen unas 8.000 familias.

Las tensiones no son nuevas y las dificultades en la operación y los errores administrativos del pasado condujeron a que Sama, en 2014, se acogiera a la ley de reestructuración empresarial. Uno de los procesos que más la han afectado tras su creación es que hay unos recursos superiores a los $5.000 millones que hoy están en el tesoro nacional, pero le pertenecen a Sama, y aún no se ha encontrado la fórmula legal para devolver esos dineros.

La decisión de acogerse a la reestructuración llevó, además, a un proceso de invitación pública liderado por el promotor Luis Fernando Alvarado, de la Superintendencia de Sociedades, para que un privado operara las salinas. Mostraron interés más de 100 empresas, pero solo dos llegaron a la puja. Big Group Salinas Colombia (BGS), una estructura empresarial venezolana que había operado las salinas de Araya en el vecino país, se quedó con la operación. Según la compañía, para iniciar giró $3.000 millones destinados al pago de sueldos y prestaciones atrasados.

Cuando se creía que el camino estaba despejado y la normalización en la operación ya estaba dada, empezó una huelga de trabajadores que, según el líder sindical Jorge Dugand, exigía en su momento más de 70 puntos, que tenía entre los aspectos neurálgicos la prórroga de la estabilidad laboral acordada hasta diciembre de 2017 y que se garantice el pago de unos recursos superiores a los $4.500 millones que Sama quedó debiendo, antes de la llegada del operador, entre otros.

En estos momentos la negociación de la huelga esta en cabeza del Vicepresidente Ejecutivo del operador Ismael Arciniegas Gómez

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